Detrás de la denuncia, que fue ratificada ante el ministro de la Corte Rafael Gutiérrez, está la Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia (Red Viva), una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos de forma integral.
Tres jueces de Familia fueron denunciados ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La presentación fue realizada por una ONG que sostiene que los magistrados presentaron una “manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”, “faltaron a sus deberes en no ejecutar leyes, plazos y procedimientos” y cometieron “graves hechos de violencia económica, psicológica, simbólica, e institucional contra niñas, niños, mujeres y familias”.
Las representantes de la ONG, que cuentan con el patrocinio legal de la abogada Ana García Lapissonde, ya habían presentado la documentación ante el Procurador Jorge Barraguirre.
Allí se señala que los jueces Liliana Michelassi, Fabio Della Siega y Fernando Gastiazoro habrían incurrido en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “prevaricato”, “abuso de poder” y posible “connivencia” de acuerdo a lo establecido por el Código Penal, al menos en seis causas que se enumeran.
Con la ratificación de la denuncia, se presentaron 180 fojas que contienen una descripción de los casos testigo, y una lista con los números de los seis expedientes sobre los que se sostiene la denuncia: tres involucran a Della Siega, uno de estos también a Gastiazoro, y otros tres a Michelassi. Además, documental diversa, resoluciones judiciales e informes de equipos interdisciplinarios junto a documentos que exponen “la discordancia entre lo que dijeron los niños y lo que ‘transcribieron’ dichos equipos”.
“Esperamos que se sancione a los magistrados y fundamentalmente, si se cumplen los requisitos, que se lleve adelante un jury de enjuiciamiento” a los tres jueces, que pertenecen a los Tribunales Colegiados de Familia N° 2 y 3 de la Primera Circunscripción Judicial. “Si bien sabemos que es muy difícil, que hay muy pocos jueces a los que se los remueve, planeamos llegar hasta la Corte Interamericana si es necesario, por la violaciones a los derechos de niñas y niños”, señaló la abogada García Lapissonde.
Derechos y garantías
La ONG denuncia que los magistrados además de no haber cumplido con sus deberes, tampoco han aplicado la Ley Micaela “revelando un accionar absolutamente carente de perspectiva de género y niñez”.
“En las presentes causas, se discute la plena vigencia de derechos humanos y garantías procesales contenidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Particularmente, la necesaria aplicación de la perspectiva de infancia en las resoluciones judiciales y el proceso judicial, una deuda sostenida respecto de la aplicación de la Convención de Derechos de niños, niñas y adolescentes”, señala el documento presentado ante la Corte provincial.
FUENTE: EL LITORAL